El infante, quien era sobrino de la mujer, fue sometido a un proceso de tortura que terminó causándole la muerte

La ALTAGRACIA.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Altagracia, impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de una mujer y su pareja sentimental, a quienes se les imputa la tortura y asesinato de un niño de 8 años de edad, sobrino de la imputada, en un hecho ocurrido en la comunidad de Verón, Punta Cana.

El tribunal, que declaró la complejidad en el proceso, impuso la medida en contra de Carmen Jiménez, tía del infante, de quien se omite su nombre para cuidar de la integridad de la familia de la víctima, y en contra de González Valentín Rojas.

El menor de 8 años de edad falleció en circunstancias trágicas la noche del pasado viernes, hecho que está en investigación por un equipo del Ministerio Público, encabezado por la titular de la Fiscalía de La Altagracia, Claudia Garrido, junto a los también fiscales Silveria Poueriet R, Hendrich Ramírez, Aneurys Castillo, Alba Mota y Víctor Camacho.

El médico legista, doctor Polanco Guzmán, junto con un equipo de la Policía Científica, realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida del menor, quien falleció en un centro de salud de la provincia La Altagracia el pasado viernes 13 del presente mes.

Según diagnóstico médico de la doctora Pamela Dalle Grave y acta de levantamiento de cadáver instrumentada por Polanco Guzmán, el cadáver del menor presenta ciento cuarenta y siete (147) heridas de diferentes tipos, determinando que la causa de la muerte ocurrió por presentar shock hemorrágico, hipovolémico y séptico, con seis pérdidas dentales y traumas de diferentes tipos.

En su acusación provisional, el Ministerio Público responsabiliza a los imputados de violar los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 303-4 numerales 1 y 2, 330, 331 del Código Penal Dominicano; 396 literal A de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima y sus familiares.

Por decisión del tribunal, Jiménez cumplirá la medida de coerción en la Cárcel Pública de Mujeres de Higüey, y Valentín Rojas lo hará en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.