El depósito de supuestas nuevas pruebas sobre la violencia de género que habría ejercido el empresario Raúl Rizik sobre su expareja Alexandra Mejía Alcalá, motivó ayer por segunda ocasión el aplazamiento de la audiencia donde se conocería su solicitud de variación de la prisión preventiva que le fue impuesta como medida de coerción.

Los jueces de la primera sala de la Corte de Apelación presidida por la magistrada Doris Pujols, acogieron así el pedimento de la defensa del imputado que alegó necesitar tiempo para estudiar dichos documentos y poder ejercer una defensa más efectiva a favor de su cliente.

Jottin Cury, abogado de Rizik consideró que la prisión preventiva por tres meses dictada al imputado «fue una medida extrema, innecesaria y desproporcionada, fruto del populismo judicial?».

De su lado, el jurista José Guílamo afirmó que la querella interpuesta por Mejía Alcalá no tiene justificación que la sostenga, sino que «es un caso de presión» que según él estaría utilizando la querellante «para influir en la negociación de participación de bienes?».

En cambio, el abogado de la querellante sostuvo que hay una cintila probatoria demasiado fuerte para mantenerle la prisión preventiva a Rizik.

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