Desde marzo, y con el apoyo de la Contraloría, se realiza por instrucción de De Camps la revisión integral de todos los contratos de mantenimiento correctivo.

Santo Domingo. El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió este martes la Orden Departamental 055-2025, que refuerza el proceso de control y revisión de los contratos de mantenimiento correctivo con el objetivo de asegurar que cada peso invertido en las escuelas se utilice de forma eficiente y transparente.

Desde marzo de 2025, el Ministerio de Educación se encuentra inmerso en la revisión integral de todos los contratos de mantenimiento correctivo, tanto los que fueron suscritos en la gestión anterior como los iniciados en la actual administración, como parte de una estrategia institucional que cuenta con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República.

Este esfuerzo se ha traducido en la implementación progresiva de nuevos controles orientados a validar los pagosexclusivamente luego de la verificación física y documental de los trabajos realizados.

La nueva orden consolida este proceso con medidas clave: Ninguna transferencia a las juntas descentralizadas podrá realizarse sin una auditoría que certifique la conclusión satisfactoria de los trabajos, avalada por la Contraloría; se instruye la elaboración de un informe técnico sobre los casos de obras pagadas y no ejecutadas que será remitido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, de ser necesario, al Ministerio Público; también se fortalece la supervisión de obras en curso por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar al tiempo que se establece que cada transferencia de fondos deberá pasar por un proceso controlado y documentado.

Asimismo, se reafirma la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos, lo que implica aprobar planes operativos, presupuestos, rendir informes mensuales, mantener inventarios actualizados y ejecutar deducciones fiscales.

Con estas medidas, el Ministerio garantiza que la conservación de la planta física escolar esté respaldada por controles técnicos, financieros y legales más robustos, y que las decisiones de las juntas se mantengan dentro del marco constitucional y de la Ley General de Educación.

El Ministerio recordó que las juntas descentralizadas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y que cualquier incumplimiento será sancionado. Asimismo, advirtió que el Consejo Nacional de Educación podrá anular decisiones contrarias a la Constitución y a la Ley General de Educación.

La cartera educativa subrayó que la gestión encabezada por el ministro De Camps es clara: que cada recursodestinado a mantenimiento escolar se traduzca en obras verificadas y en mejores condiciones para los centros educativos.