Hermanas Mirabal. El Juzgado de Paz del municipio Villa Tapia, perteneciente al Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, impuso medidas de coerción consistente en presentación periódica a 18 jóvenes que fueron detenidos en flagrante delito en momentos en que realizaban carreras de motocicletas de manera ilegal, en el municipio Villa Tapia, el pasado 7 de septiembre.

La jueza Felicia Núñez de Jesús le impuso la presentación periódica por un período seis meses a Yandel Reinaldo, Ángel Brito, Randy Barrera, Yeremy Familia, Omarlin De Jesús Abreu, Miguel Roque, Eduardo Castro, Robert Luis Guzmán, José Alberto Ovalles, Ronny Miguel Rodríguez, Jonathan Miguel De Jesús, Jandiel Jiménez, Gregori Romero, Pedro Antonio De Los Santos, Nelson Ovalles, Sandy Gabriel, Jeison Orlando Núñez y a Luis Adrieli Gil Ortega.

El grupo realizaba competencia ilegal a alta velocidad en la localidad La Ceiba, del referido municipio, en el trayecto que conduce de Villa Tapia a Salcedo, punto de encuentro que aglutinó a los jóvenes de diferentes puntos de la geografía provincial, así como de la ciudad de La Vega.

Los jóvenes fueron detenidos alrededor de la 1:50 de la madrugada del referido día, por miembros de la Policía Preventiva de esa demarcación, a raíz de una alerta de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

El Ministerio Público indicó en la solicitud de medidas de coerción que, en el lugar de los hechos, fueron recuperadas unas 20 motocicletas de diferentes marcas, las cuales eran utilizadas por los imputados para las competencias clandestinas.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 220 y 267 de la Ley 63-17 sobre Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana.

La fiscalizadora Cristina Ortiz, en representación del Ministerio Público, presentó ante el Juzgado de Paz las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación contra los imputados y con las cuales sustentó la imposición de la medida de coerción.

Durante la audiencia, la representante del órgano persecutor solicitó las medidas de coerción contempladas en el artículo, 226 numerales 1 y 4, del Código Procesal Penal, consistentes en presentación periódica y garantía económica de 300 mil pesos, mediante una compañía aseguradora, al establecer que existen suficientes evidencias que comprometen su responsabilidad penal.

A través de un comunicado de prensa, mediante el cual ofreció la información, la fiscal titular de la provincia Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez Ynfante, manifestó «que estos hechos, que ponen en peligro la vida de los jóvenes y los transeúntes, tienen que tener consecuencias, para prevenir tragedias que solo llevan luto y dolor a las familias dominicanas en estos tiempos, donde las muertes por infracciones a la Ley de Tránsito, siguen cobrando vidas».