El principal acusado en el proceso denominado Operación Medusa continuará bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico

SANTO DOMINGO. El juez Amauri Martínez, titular del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acogió el pedimento del Ministerio Público y rechazó la solicitud de variación a la medida de coerción impuesta al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien el Ministerio Público acusa de encabezar una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.

Rodríguez Sánchez cumple arresto domiciliario desde enero del año 2023, cuando el mismo tribunal acogió la solicitud de variación de prisión preventiva.

El Ministerio Público, representado en esta audiencia por el procurador adjunto, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, presentó al tribunal documentación que sirvieron de base para la decisión del tribunal.

En ese sentido, el fiscal litigante Emmanuel Ramírez declaró a los medios, a la salida del tribunal, que la decisión adoptada por el juez asegura la presencia del acusado en el proceso hasta que se determine la responsabilidad penal del acusado en el entramado de corrupción desmantelado con la operación Medusa en junio del año 2021.

«Los presupuestos presentados por Jean Alain Rodríguez no son novedosos de ninguna forma y la mejor garantía para que este proceso pueda avanzar es mantenerle la medida de coerción que pesa en su contra. En esas atenciones el tribunal decidió, en todas sus partes, mantener la medida de coerción que pesa en su contra, que consta de arresto domiciliario y grillete electrónico», explicó Ramírez.

En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Además del ex procurador Rodríguez Sánchez, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.