SANTO DOMINGO.  La  jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y ratificó este martes la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario, que le fue impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, por estar implicado en hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.

En una audiencia en la que el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar y Arolin Lemos, la jueza Gisselle Méndez acogió los argumentos del órgano acusador y afirmó que la decisión fue adoptada porque no han variado las circunstancias que dieron valor a la misma y porque se mantiene el peligro de fuga.

La magistrada Méndez adoptó la decisión al conocer una solicitud de la defensa del procesado.

El general de la Fuerza Aérea Dominicana Torres Robiou está acusado de formar parte del entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado, desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, en la que además fueron apresados y son procesados miembros de la Policía Nacional y otras personas implicadas, igualmente, en hechos de corrupción.

Los demás vinculados por el Ministerio Público a este proceso judicial, son: Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también cumplen las mismas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario y uso de grillete.

El acusado Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En este proceso el órgano acusador presentó cargos por hechos de corrupción contra 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas, quienes son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.