El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y la esposa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se enfrentaron este martes en la red social con relación a las acusaciones que se pesan en su contra al ser involucrados por el Ministerio Público en los expedientes de los sobornos de la constructora Odebrecht y del caso Medusa.
En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, el exfuncionario en el Gobierno del expresidente Leonel Fernández, Díaz Rúa, consideró que no entendía las razones por las cuales el exprocurador general de la República procuraba la variación de su medida de coerción de 18 meses de prisión en procura de obtener la libertad.
En uno de dos tuits, el exministro de Obras Públicas afirmó: “yo quisiera saber porque una persona que abusó de todo el mundo, quiera un trato que él injustamente no le dio a nadie”.
Agregó que “quien hierro mata a hierro muere, tomando de su propia medicina, no se puede ser tan cobarde”, en rechazo al recurso de apelación que fue conocido por las juezas de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y aplazó la audiencia para el 7 de septiembre.
Ante este cuestionamiento del dirigente político, la esposa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, María Pérez Sallent, reaccionó al afirmar en su cuenta de Twitter que “usted se está defendiendo en libertad, porque él no apeló la medida de libertad y por eso usted sigue defendiéndose en libertad. ¿Usted también pidió estar libre por cobarde?”
Tras publicado este mensaje por Pérez Sallent, Díaz Rúa colgó otro tuit en el que respondía: “me excusa la señora, pero su esposo sí apeló, tuve que ir a una audiencia en la sala penal de la SCJ (Suprema Corte de Justicia) y notificaron mi libertad, con todo el respeto le digo que hay estar seguro antes de hablar tema cerrado de mi parte”.
Díaz Rúa se refiere a un dictamen que fue emitido por esa sala de la Suprema Corte el pasado 11 de noviembre de 2017, en la que rechaza un recurso del Ministerio Público para que ordenara el retorno a la prisión del exministro de Obras Públicas y del empresario Ángel Rondón, dos de los acusados de pagar y recibir sobornos de parte de la constructora Odebreht para la adjudicación de obras del Estado.
El Ministerio Público procuraba que los jueces de la Suprema acogiesen su petición contra el dictamen del también juez de ese tribunal Francisco Ortega, que le había variado la prisión preventiva a Díaz Rúa y Rondón por el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
