El Ministro de Educación Ángel Hernández consideró como un nuevo ataque las presiones que hace la Asociación de Industrias Editoriales de la Rep. Dom. contra las decisiones del Consejo Nacional de Educación que tiene por la Ley No. 66- 97, Art. No. 78, la facultad de aprobar el curriculum, lit g, el sistema de evaluación, lit h, y los libros de texto, lit e.

En rueda de prensa, el Ministro consideró que en el fondo se trata de una estrategia de intimación para crear pánico entre los integrantes del Honorable Consejo y que se contradicen al reclamar la validez de las ordenanzas no. 03- 2021 y No. 01- 2022, que establecen las bibliografías de textos para los años de referencia, basadas en el curriculum vigente de la época establecido mediante las ordenanzas no. 01- 2015, de inicial y 2-2015, de primaria y 01- 2017 y 3- 2017, para secundaria y técnico profesional de este Consejo Nacional de Educación, CNE.
La Asociación de Industrias Editoriales alega que no fueron consultados los sectores interesados, argumento que según Hernández carece de validez, ya que el curriculum que hoy se somete para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, CNE, fue objeto de un año de experimentación y se recogieron las opiniones de los docentes, administrativos y expertos nacionales.
«Igual ocurre con el sistema de evaluación de los aprendizajes que hoy se decide. El mismo se basa en los principios del nuevo curriculum que preconizan la formación por competencias y es obvio que la evaluación del proceso formativo debe ser coherente con ello. Por eso es que se somete un nuevo sistema para evaluar los logros de los alumnos. Este nuevo sistema de evaluación fue objeto de trabajo de un año de la Comisión multisectorial creada al efecto. En esta Comisión se hicieron consultas a los diferentes sectores y esta ordenanza es fruto del consenso logrado», expresó el incumbente.
La entidad defiende que para el proceso fueron contratadas mediante convenio de colaboración científica la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana (ACRD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Central de Este (UCE), Universidad Católica Nordestana (UCNE), Universidad ISA, Academia Dominicana de la Historia, Academia Dominicana de la Lengua, Fe y Alegría Dominicana (F yA RD), Arzobispado de Santo Domingo y el Archivo General de la Nación, AGN, instituciones de alta credibilidad social y científica.
Hernández denunció que las editoriales pretenden imponer un interés comercial sobre el interés de la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales.
«En la época de la digitalización, en la sociedad del conocimiento, donde la internet está presente en todas los ámbitos de la vida social, académica y científica, pretender que no se ponga en operación la plataforma que se ha creado para que los alumnos del país puedan acceder a los libros desde cualquier lugar, es pensar que la sociedad dominicana no se merece tener una educación basada en los cambios científicos y tecnológicos que caracterizan la sociedad del conocimiento. Es pretender retrotraer al pasado a la sociedad dominicana», expuso.
Finalmente, defendió el proceso seguido por el MINERD, explicando que cumple por lo establecido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP y por la Contraloría General de la República.