Por 13va vez consecutiva desde el 1994, Participación Ciudadana está realizando la observación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. En esta oportunidad, la entidad presentó su segundo informe de observación electoral 2024, con el ojo en la precampaña y las primarias de los partidos.
Según Participación Ciudadana, a pesar de que la ley establece que la precampaña debe durar tres meses, algunos partidos se adelantaron y comenzaron su precampaña mucho antes, desde el 2022.
«El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales, sin ningún respeto por los plazos establecidos. Como consecuencia, los periodos de precampaña y campaña, en vez de reducirse, como se aspiró por décadas, han aumentado, ahora bajo un contexto de rebeldía, gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral. Si contamos desde octubre del 2022 hasta mayo del 2024, República Dominicana tendría una de las campañas electorales más largas del mundo, sobrepasando un año y medio.«, expresó la institución en el citado informe.
Asimismo, se mostraron preocupados por los costos del periodo de precampaña, puesto que varios partidos y candidatos realizaron marchas, caravanas, fiestas, grandes reuniones y miles de actividades propias de una campaña electoral y que implican un fuerte gasto, confiriendo una ventaja abrumadora a los que pueden disponer de más recursos, y viabilizando la penetración del dinero mal habido en la política y luego en las distintas instituciones estatales.
«Se registró un total de 2,294 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños, de las cuales el 53.75% correspondía al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus precandidatos. En segundo lugar, un 23.32% era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus precandidatos; en tercer lugar, un 18.09% era del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y sus precandidatos. El restante 4.84% correspondía a 111 vallas distribuidas entre siete partidos minoritarios.»
Alertaron sobre el uso de los recursos públicos para fines de campaña electoral, ya que los estudios muestran que en los años preelectorales y electorales suben los gastos gubernamentales en varios renglones íntimamente relacionados con lo electoral, como son: el gasto en publicidad gubernamental, el gasto en programas sociales, el empleo gubernamental y la inversión en obras públicas de corto plazo. Este año, para publicidad e impresión está presupuestado un monto de RD$9,595 millones, superando en 51 por ciento los 6,375 millones de pesos gastados en el 2022.
En cuanto a las elecciones internas de los partidos, PC lamenta que la sociedad no logre contar con un congreso digno y mejorar la calidad de la representación a nivel congresual y municipal.
«Las primarias y las encuestas, que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género, y que están siendo presentados como candidatos o como posibles candidatos para una próxima contienda electoral. De igual manera, la Fuerza del Pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este, a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad.»
La Junta Central Electoral
Participación Ciudadana ha observado que, en sentido general la JCE ha venido cumpliendo con su calendario electoral y adoptando las medidas necesarias para organizar las elecciones del próximo año. Sin embargo, la entidad lamenta que la JCE decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo.
Destacan también la falta de planificación del voto de los dominicanos en el exterior para las primarias del PRM, la incertidumbre con los equipos que se usarán en las elecciones de febrero y mayo próximos, y la falta de activación de la Dirección de Control Financiero de los Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas de la JCE, instrumento clave para controlar las violaciones a la ley en materia de uso ilegal o no transparente de los fondos públicos y privados que reciben partidos y candidatos.
Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales
Finalmente, PC lamentó que la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, demanda por años y establecida en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, no ha sido establecida.
«El proceso electoral ya inició y hasta la fecha no ha sido designado el Procurador Electoral adjunto, ni los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional.»