El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea endurecer los requisitos sanitarios a los empleados federales (trabajadores del Gobierno central) en medio de los crecientes brotes de covid debido a la variante delta. El demócrata tiene previsto firmar este jueves una orden ejecutiva que obliga a los trabajadores públicos y los contratistas que realizan negocios con el Gobierno a vacunarse contra el coronavirus, según ha confirmado la Casa Blanca.
No ha trascendido si el mandato contempla excepciones para las personas que no quieren recibir el tratamiento por motivos religiosos o médicos. Se trata de la primera gran economía occidental que impone la vacunación contra la covid a todos los trabajadores públicos de su Administración central.
A comienzos del verano, Biden dictaminó que los empleados federales que no estuvieran vacunados debían someterse a pruebas de covid-19 periódicas, un proceso engorroso, antes de comenzar la jornada laboral. Ahora que los casos están disparados y la economía registró una brusca desaceleración por el azote de la variante delta, el presidente estadounidense ha ido un paso más allá: ya no existe la alternativa de someterse a los test, sino que deben vacunarse. Tendrán 75 días de plazo para hacerlo y, si se niegan, entrarán en un proceso de “progresivas acciones disciplinarias”, según ha explicado Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. La orden ejecutiva afectará a los empleados del poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca y todas las agencias federales. En total, 2,1 millones de trabajadores civiles.
El Departamento de Asuntos de Veteranos, el de Salud y Servicios Humanos y el Instituto Nacional de Salud ya han impuesto la obligatoriedad de la vacuna a sus empleados. La última semana de agosto, cuando más de 800.000 soldados estadounidenses no estaban inoculados, el Pentágono añadió la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid al listado de vacunas imprescindibles para servir en el Ejército. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó a todas las fuerzas armadas “imponer calendarios ambiciosos” para la vacunación completa de las tropas.
Si se suman los militares, los contratistas y los empleados federales afectados por la orden ejecutiva de Biden, más de cuatro millones de trabajadores estarán obligados a recibir la vacuna contra la covid. La noticia no ha sentado bien a los representantes sindicales.
“En pocas palabras, los trabajadores merecen tener voz en sus condiciones laborales”, defendió este jueves en un comunicado Everett Kelley, presidente de la Federación sindical de trabajadores federales más grande del país (AFGE, por sus siglas en inglés). “Esperamos negociar este cambio antes de la implementación, e instamos a todos los que puedan vacunarse a que lo hagan tan pronto como puedan“, agregó.
La Administración demócrata ha diseñado una hoja de ruta de seis pasos para atajar la propagación de la variante delta, cuya carga viral es hasta 1.200 veces mayor que las mutaciones anteriores. Uno de los pilares es aumentar las pruebas del virus en las escuelas para mantenerlas abiertas de manera segura ahora que se ha iniciado el nuevo curso escolar. Los otros cinco objetivos, según una fuente de la Casa Blanca citada por CNN, son: vacunar a los no vacunados; proteger aún más a los ya inoculados mediante inyecciones de refuerzo; proteger la recuperación económica, y mejorar la atención de las personas con Covid-19. Está previsto que el presidente ofrezca un discurso a las 17.00 (hora de Washington) en el que desarrolle cada uno de estos puntos y presione a las empresas privadas, agencias federales, y gobiernos locales para que promulguen políticas de vacunación y medidas sanitarias más estrictas.
En las últimas semanas, los nuevos casos se han disparado a un promedio de 140.000 diarios, una cifra que no se veía desde principios de año, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El promedio de muertes por coronavirus en los últimos siete días es de 1.524, en comparación con los 509 de hace un mes. En este escenario adverso, la Unión Europea quitó a EE UU del listado de países seguros. La mayoría de los contagios y muertes se están produciendo entre personas que no están vacunadas o que aún no han completado la pauta. Más de 208 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis y 177 millones están completamente vacunados, un poco más de la mitad de la población elegible.
El aumento de los casos ha forzado a volver a usar las mascarillas en la mayor parte del país, salvo en los feudos conservadores, y ha retrasado los planes para regresar a la oficina de muchas compañías. Además, el mercado laboral también se ha visto afectado por los brotes. En agosto se crearon solo 235.000 puestos de trabajo, un avance muy inferior a los registros de junio y julio, cuando las cifras rozaban el millón de nuevos empleos. Una encuesta de ABC News y The Washington Post realizada a fines de agosto y comienzos de septiembre reveló que el 52% de los estadounidenses aprueba la gestión de Biden en relación con la pandemia, una caída de 10 puntos desde fines de junio.
La Casa Blanca espera que la orden ejecutiva sirva de ejemplo para las empresas privadas y que apliquen las mismas exigencias a sus empleados. Desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE UU le otorgó la aprobación completa a la vacuna de Pfizer-BioNTech cada vez son más las compañías que exigen la inoculación a sus empleados, aunque el debate sobre la obligatoriedad no está resuelto. A mediados de agosto Biden anunció un plan para ofrecer una tercera dosis a partir del 20 de septiembre a quienes estén vacunados con Pfizer-BioNTech y Moderna.
Fuente el País
