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Aplazan otra vez audiencia que busca eliminen recurso que obliga presentar tarjeta de vacuna

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El abogado Yan Carlos Martínez, quien interpuso los recursos junto a otros juristas, indicó que recusó a la magistrada Luisa Canaán, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), por considerar que está parcializada y por lo tanto solicitan que se designen a otro juez para integrar el referido tribunal.

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Fue suspendida por segunda ocasión la audiencia donde se conocerá el recurso de amparo en contra de la resolución de Salud Pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación contra el Covid 19, con al menos dos dosis, o una prueba prc negativa de no más de 72 horas, para ingresar a lugares cerrados públicos y privados.

La jueza presidenta del tribunal que conocería este martes dos recursos de amparo contra la resolución que obliga a presentar la tarjeta de vacunación anticovid-19, fue recusada y ahora el proceso queda suspendido hasta la próxima semana.

El abogado Yan Carlos Martínez, quien interpuso los recursos junto a otros juristas, indicó que recusó a la magistrada Luisa Canaán, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), por considerar que está parcializada y por lo tanto solicitan que se designen a otro juez para integrar el referido tribunal.

Dijo que se basó en el proceder de Canaán, que la semana pasada aplazó para hoy las audiencias a los fines de que sean regularizadas las intervenciones voluntarias en estos procesos.

El juez presidente del TSA deberá decidir sobre la recusación y determinar si la magistrada Canaán continuará con el caso o se designa otro juez. La audiencia fue fijada para el próximo martes de 2 noviembre a lo que se decide el asunto.

Por otro lado, la Tercera Sala del TSA también aplazó para ese día un recurso de amparo extrema urgencia contra la misma resolución elevado por el jurista José Santana Jerez, para que los intervienientes voluntarios se regularicen debidamente.

Los abogados consideran que la resolución 000048 del Ministerio de Salud Pública viola varios derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución, como el derecho a la igualdad, libertad de tránsito, libertad de trabajo, la libertad de empresa y el derecho a la educación.

Es por esto que buscan que el tribunal declare nula la disposición sanitaria.

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