La Fundación Institucionalidad y Justicia exige a Sistema de Justicia detener prácticas que violan constantemente derechos constitucionales.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresa preocupación sobre casos de privados de libertad que vulneran las garantías constitucionales en la República Dominicana.

En un comunicado FINJUS señala que en los últimos días algunos medios de comunicación han informado sobre casos que evidencian las graves dificultades que enfrentan algunos privados de libertad dentro del sistema de justicia dominicano.

Cita como uno de los casos más preocupantes el de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, desde 2006, hasta que la intervención de la Defensa Pública permitió que recuperara su libertad en 2026.

Asimismo, recientemente 13 personas permanecieron detenidas durante más de un mes sin haber sido presentadas ante un juez, situación que terminó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.

“Estos acontecimientos generan preocupación sobre la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento de algunos casos, pues una persona puede pasar años privada de su libertad mientras su situación legal permanece sin una respuesta definitiva”, precisa.

Considera que la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito, pero las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia y la sociedad tiene derecho a que quienes violen la ley sean debidamente sancionados.

Sin embargo, la firmeza del Estado no puede confundirse con la ausencia de límites, tras re cor4dar que en un Estado social y democrático de derecho, el poder punitivo está sometido a la Constitución, a la ley, a la proporcionalidad, a la dignidad humana y al debido proceso.

Advierte que esta situación no puede ser abordada como un problema aislado, ya que lo que ocurre es, en buena medida, el reflejo de las fallas acumuladas del sistema de justicia penal.

Como son los casos de “personas privadas de libertad durante períodos prolongados sin una respuesta judicial oportuna, procesos que se extienden más allá de lo razonable, prisión preventiva que corre el riesgo de convertirse en una pena anticipada y garantías constitucionales que, en la práctica, no siempre reciben la protección que la Constitución y las leyes ordenan”. La detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicamente distintas y no pueden recibir el mismo tratamiento.

Exige una respuesta

Cualquier acto de privación de libertad que exceda el límite establecido por la legislación debe ser revisado y corregido con urgencia por las autoridades competentes.

La privación de libertad es una de las manifestaciones más agudas del poder del Estado sobre una persona, por lo que precisamente por ello, no puede ejercerse sin límites, sin controles y sin revisión.

Afirma que el principio constitucional es claro, la libertad es la regla y su restricción constituye una excepción sometida a límites, garantías y controles estrictos.

Recuerda que la prisión preventiva no es una condena ni una sanción anticipada; toda persona detenida conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea conocida y revisada por las autoridades competentes dentro de los mecanismos y plazos establecidos por la Constitución y las leyes.

La Constitución dominicana protege la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Información publicada en: Finjus alerta sobre violación derechos a privados libertad